Debate entre mujeres juristas, feministas revolucionarias y un defensor de la custodia compartida
La semana pasada introducíamos el debate sobre la lucha contra la violencia de género, presentando las ideas de la criminóloga feminista Elena Larrauri. Ahora nuestra intención es confrontar la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOVG) con las ideas de representantes de tres actores bien diferentes: la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asamblea Feminista Panteras y José Luis Sariego, abogado activista en diversos movimientos defensores de la custodia compartida, como la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva.
El primer elemento polémico de la LOVG es su ámbito de actuación: sólo protege a mujeres maltratadas por un hombre, no a los hijos de la víctima ni a las víctimas de maltrato en el seno de una pareja homosexual. El mensaje es claro: la violencia específicamente machista es un problema social grave que merece una reacción especial. Themis apoya esta idea “con independencia de que otras víctimas también deban ser protegidas”, ya que, tal y como recoge la exposición de motivos de la ley, la violencia de género es “una violencia que se dirige contra las mujeres por el mero hecho de serlo”. Por su parte, Sariego sostiene que “deberían desaparecer todas las medidas de protección específicas, ya que antes de la LOVG había otras que garantizaban la protección de las víctimas”, y afirma que debería ser la futura ley de protección de los derechos fundamentales quien aporte estas garantías y no “una ley represiva como la LOVG”. Finalmente, la Asamblea Feminista Panteras considera que “es muy necesario proteger a los hijos, ya que pueden y suelen ser víctimas, ya no de maltrato hacia ellos sino también cuando presencian cómo el padre trata a la madre” y defiende su postura argumentando que las personas que han vivido situaciones de maltrato en su familia tienden a desarrollar el rol de maltratador. Ninguno de las personas consultadas defiende extender la ley a las parejas homosexuales, pese a que las estadísticas parecen indicar que hay tanta violencia en esas parejas como en las heterosexuales.
La LOVG de 2004 es la culminación de una serie de reformas legales que otorgaban un papel cada vez más importante al Derecho Penal. Insultos o agresiones leves, que antes se castigaban con multa, ahora pueden llevar al autor a la cárcel. ¿Debe el movimiento feminista apoyar este endurecimiento punitivo? Para Themis, “no se trata de aumentar las penas que actualmente recoge el Código Penal, sino de que se apliquen correctamente”. La asociación de juristas defiende el recurso al Derecho Penal, afirmando que la violencia de género es un problema que requiere medidas transversales, pero que “no es exclusivamente un problema social y por eso no bastan las medidas sociales”. Sariego, por su parte, se opone al endurecimiento penal, porque “la opresión provoca más opresión y la violencia institucional más violencia”. La Asamblea Feminista Panteras opina que “no podemos subordinar y limitar nuestra lucha a las exigencias hacia el Estado y mucho menos si son hechas desde el punto de vista de la represión”. Además, la agrupación feminista acusa al Estado de promover campañas que explican la violencia de género como una mera agresión física, aislándola de sus causas.
Hemos visto cómo, para la LOVG, la prioridad es el castigo. La voluntad de la víctima queda en un segundo plano, hasta el punto de que los jueces impongan órdenes de protección aunque la mujer no quiera. La Asamblea Feminista Panteras considera que esto puede tener “consecuencias fatídicas para la mujer”. Por el contrario, Themis defiende esta previsión de la ley “por la especial situación de la mujer víctima de violencia de género”. Además, recuerdan que el Tribunal Constitucional “ha sentenciado que la orden de alejamiento no restringe el derecho de la víctima sino del autor de un delito, aunque reconoce que cualquier condena puede repercutir sobre terceros.”
La mediación y los tratamientos de rehabilitación de agresores
Hasta aquí hemos expuesto distintas opiniones sobre algunos de los principales elementos de la actual ley contra la violencia de género. A continuación vamos a introducir en el debate dos mecanismos novedosos, hasta ahora ausentes de la regulación española: la mediación y el tratamiento de rehabilitación.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado la reforma de la LOVG para admitir la mediación en ciertos casos, provocando las críticas del Poder Judicial. José Luis Sariego, que trabaja en Promedia, una asociación dedicada al tema, dice que “nosotros lo hacemos desde hace 18 años con mejores resultados que los juzgados”, y defiende esta opción para resolver ciertos casos de violencia de género, en vez de castigar en todo caso. Themis, como las organizaciones feministas más influyentes, se opone a la mediación siempre que haya violencia de género “por la notoria vulnerabilidad que padece la víctima, que impide pactos entre iguales”. Panteras comparte el rechazo, y además critica las nuevas tasas judiciales, que hacen que “muchas mujeres no puedan permitirse divorciarse de su maltratador”.
La última cuestión que propusimos a los tres entrevistados se refiere a los programas psicosociales de rehabilitación para maltratadores. Este tipo de pena, alternativo a la cárcel, ha sido probado con éxito en países como Estados Unidos: los agresores que se han sometido a este tratamiento reinciden menos que los que son condenados a otras penas, como prisión o multas, según muestra Elena Larrauri en su libro Mujeres y Derecho Penal. Sin embargo, la Asociación de Mujeres Juristas Themis se opone a la introducción de estos programas, defendiendo que “la sanción penal al autor de un delito de violencia de género debe mantenerse en su integridad”. La Asamblea Feminista Panteras no parece tener una postura clara sobre el tema. Para ellas “lo mismo da que el Estado ingrese en cárceles a los maltratadores o que aplique programas de rehabilitación, puesto que en nuestra sociedad, a la hora de la verdad, los valores que perpetúa el Estado capitalista y patriarcal son absolutamente machistas”. Finalmente, José Luis Sariego prefiere los programas de rehabilitación a las penas de cárcel, pero cree que “es mejor prevenir en las escuelas”.
Pablo Castaño Tierno
Carlos Heras Rodríguez @CarlosHerasRo
Imagen: Negociacción.net
*Este artículo está integrado en la serie ¡A la cárcel! Reflexiones sobre el sistema penal contemporáneo
A mí me sigue faltando la inclusión de la violencia de mujer hacia hombre en la LOVG (en parejas homosexuales se aplica la Ley contra la Violencia Doméstica si no me equivoco, porque parece contradictorio que en parejas de igual sexo pueda producirse violencia por razón del mismo).
ResponderEliminarUna ley contra la violencia de género que deja excluido uno de los géneros es una contradicción en toda regla (aunque no niego en ningún caso que la mayor parte de las agresiones se produzcan de hombre a mujer).
Las leyes deben incluir siempre los casos más "excepcionales", porque si no son leyes incompletas.
En cuanto al debate de cuáles son las medidas a adoptar, para mí está claro que las que hay ahora no funcionan correctamente y que la educación y prevención deberían jugar un papel mucho más esencial.
Dice el artículo que la violencia entre homosexuales es igual que en heterosexuales y no es cierto. La probabilidad de sufrir violencia de pareja entre lesbianas es hasta 8 veces mayor que en parejas heterosexuales:
ResponderEliminarEn un artículo publicado recientemente se analizan los resultados de 75 estudios empíricos realizados sobre colectivos homosexuales durante los últimos decenios. La muestra global asciende a 139.635 individuos. El resultado es que, según esos estudios, la violencia ejercida en las parejas de lesbianas es, como promedio, cinco veces mayor (y puede llegar a ser, según algunos de los estudios analizados, hasta ocho veces mayor) que la ejercida contra la mujer en las parejas heterosexuales.
http://www.cronicas.org/rayas2011_08_por_el_hecho_de_serlo.htm