La nueva Ley de Educación (LOMCE) adelanta
la edad a la que los alumnos son separados en itinerarios diferentes. Junto a
las reválidas,
este dispositivo ha sido uno de los puntos más criticados de la ley:
profesores, estudiantes y asociaciones de madres y padres califican esta
reforma de segregadora, y prevén que aumentará las desigualdades entre
los alumnos.
El debate no es nuevo. De hecho,
la disputa entre partidarios de enseñar los mismos contenidos a todos los
alumnos durante la educación obligatoria y los de la especialización temprana ha
estado presente a lo largo de toda la historia de los sistemas educativos. En
España, la LOGSE de 1990 introdujo el primer modelo (la llamada escuela
comprensiva), que evolucionó ligeramente hacia una mayor especialización, hasta
la Ley Wert, que impulsa de forma
decidida el modelo de separación temprana.
En Europa conviven ambos sistemas.
Por ejemplo, en Alemania, los niños de 10 años son divididos entre un
itinerario académico y otro de formación profesional, impartidos en centros
distintos. En el otro extremo está Finlandia, donde todos los alumnos reciben
la misma formación hasta el fin de la enseñanza obligatoria, a los 16 años.
Los defensores de la separación de
itinerarios dicen cosas como que “todos los estudiantes poseen talento, pero la
naturaleza de este talento difiere entre ellos, por lo que el sistema educativo
debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos”,
con la “empleabilidad” como objetivo. Esta hermosa fórmula, del Preámbulo de la
LOMCE, reproduce la creencia de que hay niños que no sirven para estudiar, por
lo que lo mejor es que se pongan a trabajar cuanto antes. Lo que no dicen es
que los que “no sirven” suelen ser los alumnos de clase social desfavorecida:
las estadísticas
muestran claramente que el fracaso escolar es mucho más elevado entre esos
niños que entre los hijos de las élites socioeconómicas.
En su artículo “Dilema de las reformas
comprensivas de la escuela secundaria en Europa Occidental”, Henry M. Levin explica que el sistema
educativo tiene dos funciones contradictorias. Por un lado, las escuelas y
universidades reproducen la estructura desigual de la fuerza de trabajo;
es decir, educa a los hijos de la élite para que sigan siendo élite, y se
asegura de que los estudiantes de clases desfavorecidas tengan en el futuro
trabajos que les garanticen seguir en esa situación socioeconómica. Por otro
lado, el sistema educativo se presenta como la institución que garantiza la
igualdad de oportunidades y la movilidad social. La escuela comprensiva atiende
más a la segunda de las funciones, como explica la OCDE en un reciente informe.
Por su parte, la separación temprana de los alumnos obedece a la necesidad
capitalista de reproducir un mundo laboral desigual. Y esa es la opción elegida
por la Ley Wert.
Pablo Castaño Tierno
Y envidiamos a Finlandia...
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