¿Ciudad de Dios?

A finales de 2008 Lula da Silva, entonces presidente de Brasil, anunciaba el que pretendía ser un innovador método para combatir el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro: Las Unidades de la Policía Pacificadora (UPP). Estos cuerpos especiales de la policía tenían como objetivo ulterior garantizar el orden y la seguridad en las barriadas más pobres de la ciudad a través de su presencia regular en las mismas.

Si bien la iniciativa, inspirada en una experiencia similar en Medellín (Colombia), fue acogida con entusiasmo en un primer momento, los métodos empleados y los resultados obtenidos han sido constantemente puestos en tela de juicio, tanto desde organizaciones pro-derechos humanos, como por la propia ONU.

De hecho, el relator especial de la ONU Philip Alston denunció que "cada vez existen más relatos sobre los abusos cometidos por la policía contra los habitantes de las comunidades atendidas" así como una "falta de prestación de los servicios sociales previstos". Esta disonancia entre las bienintencionadas premisas con las que se fundó la UPP y la realidad alcanzó su punto álgido este verano con el asesinato del albañil  de Souza a manos de veinticinco integrantes de la Policía Pacificadora.

A pesar de que desde las cúpulas se intentó pormenorizar el suceso, calificándolo de caso aislado, la tortura y asesinato del albañil de 47 años fue la mecha que prendió la oleada de protestas que se expandieron por el país brasileño este verano. Y es que, bajo este hecho en apariencia anecdótico, subyace un profundo problema social.

En primer lugar supone un varapalo a la eficaz campaña de marketing que granjeó el apoyo social a las UPP. Y es que el comandante que lideró la operación que finalizó con la desaparición de Souza es un ex-integrante de las BOPE (Batallón de operaciones especiales), la controvertida y represora fuerza de élite de la Policía Militar que se remonta a la dictadura. De este modo se puso de manifiesto la continuidad vigente en la policía brasileña con la línea coercitiva de los tiempos más oscuros del régimen militar.

Familiares de Amarildo de Souza, asesinado por las UPP el pasado Julio, 

en su vivienda en la favela de Rocinha. Fotografía: Olmo Calvo

Otra de las principales críticas a las UPP reside en su propia naturaleza: muchos aducen la incoherencia de tratar de combatir la violencia inherente al crimen organizado a través de una política de seguridad publica basada en una militarización que, por definición, emplea también métodos coactivos. Además, como alega el investigador de Justicia Global, Rafael Días el establecimiento permanente de la Policía Pacificadora en estas barriadas "contribuirá a reforzar la imagen de que la favela es, en sí misma, un lugar de criminalidad", algo que tilda de simplista y falaz. Y es que, si la policía "impone una política organizativa coercitiva, en vez de mediar en los conflictos" las raíces del problema no sólo no se superan, sino que se agravan.

Sin embargo, quizás la mayor queja hacia la implantación de las UPP sea la arbitrariedad con la que se han instalado en las barriadas de Río, respondiendo más a intereses económicos que sociales. Actualmente hay 36 UPP instaladas en 200 de las 1.000 barriadas con las que cuenta Río. No obstante, el criterio de establecimiento de las mismas es controvertido en tanto en cuanto éstas se han implantado en aquellas barriadas más cercanas a las zonas en las que se celebrarán el Mundial de Futbol el año próximo y los juegos Olímpicos en 2016. Prueba irrefutable de ello es que mientras que una de las últimas operaciones de la Policía pacificadora ocupó el conjunto de favelas de Lins, donde viven 20.000 personas y que se encuentra cerca del estadio olímpico João Havelange, la favela que presenta los mayores índices de criminalidad de Río, la "Baixada Fluminense" ha sido convenientemente olvidada por las fuerzas de seguridad.

Para la construcción del teleférico se han derruido centenares

 de favelas en Río de Janeiro. Fotografía: Olmo Calvo 

Esto unido a la demolición de centenares de casas en barriadas de Río para la construcción de infraestructuras de cara a los dos eventos deportivos que acogerá Brasil ponen de manifiesto la acrónica entre los bienintencionados principios que dicen instigar las actuaciones de la UPP y la dura realidad que se vive en las calles de Río, en uno de los 12 países con la tasa más alta de desigualdad del mundo. Desigualdad que sigue vigente a pesar de la labor de la UPP, por lo que las demandas de proyectos proactivos que involucren a la población de las barriadas, no como potenciales delincuentes, sino como sujetos activos del cambio, se hacen necesarias y urgentes.

María de Castro