Las puertas giratorias, una moda que no pasa

Cada vez son más los políticos que cambian el servicio público por una gran empresa multinacional. Esto origina algunos conflictos de intereses y perjudica la ejecución de nuevas leyes en ámbitos relacionados con los sectores que pasan a ocupar. Es legal, sí, pero…

Luis de Guindos, actual ministro de Economía, trabajó como consejero delegado de Lehman Brothers, la empresa que dio el pistoletazo a la crisis financiera mundial. Alfredo Timermans fue nombrado Delegado de Telefónica en América del Norte, después de dejar su cargo de Secretario de Estado de Comunicación en 2004. Elena Salgado, Ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno en el mandato de Zapatero, hoy es presidenta de Endesa Chile. Rodrigo Rato, ministro de Economía hasta el 2004, fue director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta su dimisión en 2007 y quedó incorporado en enero del 2008 al grupo financiero español Banco Santander; posteriormente pasó a ser presidente de Caja Madrid y de Bankia (2010).

Rafael Arias-Salgado, ministro de Fomento en el primer gobierno de José María Aznar y diputado por Madrid hasta el 2004, trabaja como presidente del Grupo Carrefour. Manuel Marín, Presidente del Congreso de los Diputados en España de 2004 a 2008 –antes de eso Presidente de la Comisión Europea- pasó a ser presidente de la Fundación Telefónica en ese mismo año a petición del presidente de la compañía Ignacio Sánchez Galán. Francisco Álvarez Cascos, titular del Ministerio de Fomento preside ahora en España la tecnológica mexicana Softtek. El expresidente del gobierno del partido socialista, Felipe González, se pasó a la multinacional Gas Natural y el expresidente José María Aznar a Endesa.

Esto es lo que se conoce como el efecto de las “puertas giratorias” que, básicamente, consiste en dejar un despacho de alto cargo público para pasar a ocupar otro despacho, esta vez de presidente, consejero, asesor, director, etc. de una gran empresa privada con intereses en mercados fuertemente intervenidos. Todo ello suele ir aderezado con buenas dosis de intereses, cambios en las regulaciones y falta de información en los medios tradicionales. Hay quien incluso utiliza la palabra corrupción para referirse a ese entrar y salir de la administración pública hacia empresas de gestión privada.

Lo primero que se viene a la cabeza es ¿existe alguna regulación al respecto? El 11 de Abril de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, que remplazaba otra de 1995. Por desgracia, como la mayoría de regulaciones, la Ley 5/2006 tiene algunas “lagunas” que sólo sirven para engrasar las puertas giratorias y hacer que cobren más impulso. Por ejemplo, la norma dispone que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado” y Elena Salgado fichó por la compañía eléctrica y de gas Endesa tan solo unos meses después de abandonar su cargo como Ministra de Economía. La clave es que Salgado firmó su contrato con la filial chilena de la empresa. Hecha la ley, hecha la trampa. 

Desgraciadamente, esto no es algo nuevo, sino que es tan viejo como los propios sistemas de gobierno. Los trasvases de lo público a lo privado no entienden de color político o ideología –hay casos en las filas de PP, PSOE y partidos autonómicos como PNV-, ni tampoco son un fenómeno aislado en nuestro país. Sucede también en gobiernos como el estadounidense o el británico y, teniendo en cuenta que el tamaño de la empresa suele ir acorde con la importancia del país, sólo podemos imaginar lo que supone que un mandatario estadounidense quede al frente de una multinacional energética.

Lo siguiente que nos planteamos es ¿por qué no se cambia la legislación? Pues la respuesta es simple: porque a los partidos políticos no les interesa. El mandatario de turno nunca legislará en contra de una gran empresa – como pueden ser Telefónica, Endesa o Gas Natural- porque una vez que acabe su periodo de mandato tendrá que pasar a formar parte de ella. Descubrimos entonces que se gobierna sólo para gobiernos y empresarios, que al final acaban siendo los mismos. Ahora es mucho más sencillo entender por qué gobierne quien gobierne nunca vemos cambios reales en temas como política medioambiental o eléctrica. Según los datos hechos públicos por Democracia Real Ya, cuyo grupo de trabajo de Economía ha realizado una investigación al respecto, el 10% de los consejeros de empresas del IBEX-35 (con una media salarial cercana al millón de euros anuales) han ocupado importantes cargos políticos  en los últimos Gobiernos del PSOE y del PP.

Lo último que pensamos es, ¿qué hacemos para cambiarlo? Lo fundamental es dar a conocer estos datos. Muchos medios de comunicación no los cuentan, o cuentan sólo parcialmente las noticias recogiendo los nombramientos, sin explicar las causas y las consecuencias. Así se puede dar comienzo a una queja generalizada. Es ingenuo pensar que de la noche a la mañana vamos a poder cambiar las reglas del juego, pero nosotros los ciudadanos no tenemos nada que perder y sólo podemos ganar. Aquí es donde tenemos que cuestionarnos qué clase de democracia es esta, cuando la igualdad no aparece ni por casualidad.

Iera Herranz Zubieta @ieratxo